No escondamos el
gasto despilfarrado del dinero público como algo necesario, sin intención de
ponerle freno, por un método nada formal. Hoy, el paliar la crisis consiste en practicar
los recortes presupuestarios de las administraciones del estado. Me parece
perfecto anular los gastos innecesarios e incrementar aquellos con más
capacidad o rentabilidad de mejorar los diferentes sectores como el agrícola,
salarial, empresarial, comercial, turístico, etcétera engendrando un alza en la
economía del país.
No distorsionemos
el fondo de la cuestión, porque algunos gastos pueden recortarse o suprimirse,
pero otros no porque es una inversión. Hay mucho en juego en esta espiral de
modificaciones aplicadas por las CCAA, que están afectando directamente a la
calidad de vida. Podemos entender las necesidades sociales y ser solidarios.
¿Quiénes son los
más perjudicados? No quepa la menor duda, que son aquellos de rentas más bajas
como los pensionistas y otras clases de personal sujetos a un régimen especial
de contratiempos, generando pobreza e incertidumbre en el ámbito familiar
cuando se hace la cesta diaria de la compra o el avituallamiento de cada uno de
sus miembros. No seamos ilusos y considerémoslos degradadas por acuerdos plenarios de simple
ejecución. Y después de los ajustes, ¿qué?...
Hay que decirlo
alto y claro sin fijarnos en el color de quienes gobiernan. El signo político
de los administradores ha sido y será siempre indiferente. Por eso, desde la
conciencia de unos y otros se exige la transitoriedad de estas normas, que se
emprendan las reformas necesarias para que los diferentes entes autonómicos y
locales dejen de derrochar y apliquen reglas reales de previsiones de gasto
corriente, que se reduzca la ingente burocracia, se eviten duplicidades en la
prestación de los servicios, se eliminen cargos innecesarios…, entre muchas
otras cosas.
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