DEFENSOR DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO PALMERO

Anselmo Pérez de Brito

           Cada etapa del camino tiene un nombre y cada nombre guarda una historia. Con toda mi imaginación me pongo a escribir. Voy a referirme a Anselmo Pérez de Brito (1728-1772), un palmero por la libertad. Entre las personalidades que han dado relevancia a la historia política de La Palma del siglo XVIII. Era abogado y ocupaba un lugar prominente. De origen humilde y nacido en el pago de Juan Adalid, villa de Garafía. Sitio coronado por la majestuosa montaña de La Centinela. Es pequeño, desafiando a la misma naturaleza con voracidad manifiesta como promontorio y atalaya de composición valerosa para tener un punto de mira de largo alcance y tener vigilado un amplio horizonte, en cualquier segundo del día, durante las veinticuatro horas. Gracias a su pronunciada geografía, agreste y difícil acceso, ha conservado durante tiempo su bella arquitectura tradicional. Antes fue un lugar de huertas fértiles.

                              Nuestro ilustre hombre de Letras, hijo de Silvestre o Sebastián Francisco y de Magdalena o Margarita Pérez de Brito, desde muy tierna edad fue trasladado, siendo huérfano de madre, a Santa Cruz de La Palma, donde fue educado y protegido por el artista plástico, Tomás Rexe Méndez (1692-1762), le permitió realizar estudios de Derecho e iniciar su carrera profesional en la isla, logrando prestigio en Canarias, ocupar puestos de administración, como la mayordomía del Hospital de Dolores y participar en la vida política, siendo Diputado del Común.

Calle Anselmo Pérez de Brito

   Bagaje de una gran experiencia, se ganó merecidamente prestigiosa reputación, que le hizo subir de escalafón social, escala de valores personales, dotes propios de persona intelectual y de una enorme capacidad de trabajo. Su papel adquirió mayor relevancia como abogado en la causa que su amigo, el comerciante irlandés, Dionisio O´Daly (1737-1796), emprendió ante el Consejo Supremo de Castilla contra el gobierno despótico y corrupto de la corporación municipal integrada por regidores perpetuos.  La sentencia favorable dictada por este órgano judicial en 1771 propiciaría la suspensión de los regidores en sus cargos, que contribuyó que La Palma tuviera el primer ente municipal de España elegido por voto popular.

                              En 1751, o quizás 1754, procedente de Sevilla llegaba al puerto de la capital isleña nuestro apreciado Pérez de Brito con su título de abogado, Licenciado en Leyes.

                              A lo largo del XVIII, una nueva élite económica comenzó a surgir en las principales ciudades canarias, formada por ricos comerciantes locales y forasteros. Ese nuevo grupo social y burgués rechazaba los privilegios y los modos de la aristocracia insular. Se reunía con frecuencia en tertulias culturales y políticas. Este fue el caso de las organizadas en la residencia de O´Daly.

                              Antes de las Cortes de Cádiz de 1812, toda la isla de La Palma estaba gobernada por el Cabildo Insular. No existían los municipios y todo el poder se concentraba en los miembros del referido ente, denominados regidores. En 1766, el rey Carlos III (1716-1788), aprueba la elección del diputado del común y el síndico personero por votación popular.

                              Los recién elegidos como nuevos diputados del común y síndico personero, fueron: Domingo Albertos Martínez, Mariano Martínez Méndez y Dionisio O´Daly. Corría 1767 y al igual que había ocurrido el año anterior, el pueblo había elegido libremente a sus representantes en el Concejo.

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              Pasamos a relatar como fueron las primeras elecciones. En mayo de 1766, el monarca aludido anteriormente, dispuso que los cargos temporales de diputado del común y síndico personero sean elegido por la vecindad. En los primeros comicios por sufragio universal salieron elegidos Anselmo Pérez de Brito, Santiago Albertos y Juan Jacinto de Silva. La entrada de estos tres nuevos miembros, hicieron protestar a los regidores, que alegaron la incompatibilidad de uno de ellos, Juan Jacinto de Silva, por ser administrador local de las Reales Rentas de Tabaco y como tales hicieron quitar del Concejo a los tres recién elegidos.

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       En las nuevas elecciones de enero de 1767, fueron elegidos Domingo Albertos Martínez, Mariano Martínez Méndez y Dionisio O´Daly. Los regidores consiguieron anular dichos comicios, argumentando, esta vez, que Dionisio estaba incapacitado para ejercer el cargo por su condición de extranjero y mercader. Sin embargo, en la siguiente elección es elegido Ambrosio Stafford y Borges, hijo de irlandés y palmera, también, contrario a los intereses de los regidores.

                              Las duras condiciones de su presidio en las dependencias del Real Castillo de Santa Catalina, fortificación levantada en 1692, sobre una construcción anterior para la defensa de la ciudad frente a los ataques corsarios, que en 1951, después de haber pasado a propiedad privada por ejercicio de venta, 1950, fue declarado Monumento Histórico Artístico (MHA), mermaron gravemente su salud, con grilletes y en un calabozo sin luz, tras su liberación mostraba gravísimas secuelas, que lo llevarían a la muerte, con tan solo 44 años de edad.

                              El enfrentamiento entre ambos bandos se fue agravando, según iba pasando los años, hasta llegar a 1768, el grupo liderado por O´Daly y Pérez de Brito, decidió denunciar a los regidores ante el Consejo de Castilla por malversación de fondos públicos. Ante esta grave acusación, los regidores se valieron de la jurisdicción militar para declarar a ambos contendientes como súbditos rebeldes y traidores. El primero, el irlandés, fue llamado a prestar declaración por esta acusación ante el capitán general de Canarias en Tenerife, pero decidió tomar rumbo a la capital de la nación. Peor suerte tuvo, el segundo, que fue detenido y recluido hasta 1770.

                              ‘Fue Pérez de Brito el letrado que llevó adelante la famosa causa por lo que, ausente O´Daly de la isla, se volcaron en él las iras de los capitulares por su actuación y consiguieron que se incoara en su contra un proceso por sedición con posteriores ingresos en prisión, 9 de marzo de 1770, por orden del alcalde mayor, revocado después por la Audiencia. Se le ha considerado un adelantado de su época, un paladín de libertades que se atrevió a enfrentarse a aquella situación de privilegio del estamento noble en el Cabildo Insular y conseguir que el pueblo llano tomara conciencia de su derecho para regir su destino. En lo sucesivo fueran elegidos con carácter bienal, por sufragio, no alcanzó a ver realizada su obra renovadora. Con ello La Palma fue adelantada de la democracia, tuvo el primer ayuntamiento de la España moderna elegido por voto popular. Casó con María Teresa Aubert, hija de Santiago Albertos Álvarez, escribano público, y de María Josefa Lorenzo Covos y dejó descendencia. El ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha perpetuado su memoria, dándole su nombre a un colegio de infantil y primaria y a una de sus dos calles principales’ (Jaime Pérez García).